Editorial

Ayuda estatal condicionada al cambio

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En 2019, a partir que la sociedad mendocina –a través de su representación política- salió al rescate de una vitivinicultura en crisis creando un Fondo Anti-cíclico de $3.200 millones en el lapso de cuatro años, se generó un debate y algunos cuestionamientos en otros sectores de la economía formal de Mendoza.

Como en otros sectores de la actividad productiva, en la vitivinicultura, la existencia debe estar supeditada al esfuerzo de cambio. A la adaptación a los mercados, muy atentos a lo que demanda el consumidor que cada vez se evidencia más atento, más informado, más exigente. Por eso, hacer lo mismo que en el pasado y en las condiciones de siempre, es caminar hacia la extinción. O a la asistencia permanente del Estado protector, con altísimo costo a la comunidad.

Como lo muestran varios fracasos en la historia reciente de la provincia, todos estos esfuerzos financieros carecerán de sentido si no se consigue evitar que esos recursos se esfumen en su utilización política o en un destino efímero de asistencialismo sin pretensiones, ni condiciones.

Los organismos responsables deberán asegurarse que se destinen a la renovación y competitividad del sector, a la integración en cadenas productivas, a la  actualización de los productores más pequeños, hoy aislados y sin destino productivo, que desde hace décadas viven de la dádiva del Estado y del oxígeno del presupuesto.

El Estado sólo debiera apostar y aportar al cambio, promoviendo el consumo, la tecnificación, la investigación permanente del mercado y la asociatividad; que los productores solitarios, sin información, repitiendo el pasado y sin formas de asociación a la cadena comercial, son la historia viviente de un final anunciado.