Análisis

Medio millón de excluidos de la AUH por desidia del Estado

El gobierno nacional anunció genéricamente la expansión de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para lograrlo no es bueno caer en el facilismo de eliminar la condicionalidad educativa y de salud. Lo que hay que hacer es desburocratizar el Estado para que los controles sean más ágiles y efectivos.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una ayuda asistencial para familias con hijos cuyos adultos no tengan empleo o lo tengan en la informalidad. La diferencia con otros programas asistenciales es que el cobro es automático por el 80% de la prestación, mientras que el restante 20% esta supeditado al cumplimiento de condicionalidades. Se definen como tales al control médico para los menores de 5 años y la asistencia a la escuela entre los 5 y 18 años de edad.

Las condicionalidades buscan inducir a los padres a priorizar la salud y la educación de sus hijos. Desde el punto de vista conceptual, se trata promover una inversión de alto impacto en el futuro de los niños. Desde el punto de vista instrumental, los procedimientos que utiliza la ANSES para controlar las condicionalidades son primitivos. Se obliga a las familias a presentar una Libreta de Asignación Familiar en formato papel donde el centro de salud o la escuela certifican que la familia cumplió con los controles médicos y la asistencia escolar de sus hijos.

En este contexto, el gobierno anunció la extensión de la cobertura de la AUH a los muchos niños y jóvenes que actualmente están excluidos. Para abordar este planteo es necesario cuantificar estos casos e identificar las razones por las cuales están fuera de la AUH. Según datos de la ANSES en base a su base de personas se observa que:

  • Habría 305 mil niños excluidos por falta de registro en la identidad de los padres.
  • Otros 270 mil niños están excluidos por no haber presentado la Libreta de Asignación Familiar con anterioridad al año 2016.
  • Esto implica que habría unos 575 mil niños excluidos que representan el 15% del total de niños y jóvenes cubiertos.

Estos datos muestran que el nivel de exclusión es alto y que en gran parte está asociado a fallas en la gestión pública. Por un lado, los procedimientos arcaicos que prevalecen en los registros civiles impiden a mucha gente a acceder al registro de su identidad. Por el otro, procedimientos igual de arcaicos en ANSES para controlar las condicionalidades. Someter a las familias, centros de salud, escuelas y a la propia ANSES a movilizar gran cantidad de papeles es muy costoso y nada eficaz. En la práctica, muchas familias quedan excluidas porque no fueron capaces de superar la burocracia, aunque hayan cumplido la condicionalidad. Otras, sin cumplir con la condicionalidad, siguieron cobrando porque tuvieron la habilidad de lidiar con el papeleo.

Algunos funcionarios y organizaciones abocadas al estudio y defensa de la infancia y la adolescencia cuestionan la existencia de la condicionalidad. Señalan que se penaliza al hijo por una negligencia de sus padres. El argumento pasa por alto que no son los hijos los que cobran la asignación, sino sus padres. En este sentido, la condicionalidad no es una carga sobre el niño o joven sino sobre los padres. Es a ellos a quienes se quiere inducir a que asuman la responsabilidad en el cuidado de sus hijos. Ciertamente que las problemáticas de las familias pobres son complejas y no siempre un incentivo económico alcanza para revertir situaciones muy adversas. Pero eliminar la contraprestación es un facilismo que llevaría a degradar la AUH equiparándola a un plan asistencialista más.

No hay que cuestionar las condicionalidades sino la baja calidad de la gestión pública. En el estado actual de la tecnología no hay razón para que el Registro Civil funcione tan mal. Solo la desidia explica que todavía haya gente privada del derecho a la identidad. Tampoco hay motivos para que entre ANSES y los sistemas de salud y educación provinciales no se intercambien información de manera digital para ejercer un control de manera permanente de las condicionalidades. Esto aliviaría la carga administrativa de los ciudadanos ahorrando tiempo y dinero con el papeleo improductivo. Además, permitiría gatillar alertas para que los municipios intervengan tempranamente con asistentes sociales en apoyo al hogar que dejó de cumplir con la condicionalidad a fin de reencauzar la situación.

Las condicionalidades en la AUH son una de las pocas innovaciones en materia de política asistencial. Eliminarlas convertiría a la AUH en un programa similar al Plan Trabajar de los `90, al Plan Jefes de Hogar del 2002 y muchos otros que actualmente se ejecutan con baja eficacia. En sentido contrario, con innovación en la gestión pública se puede convertir a la AUH en una herramienta que empuje al progreso social.

Fuente: Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA)