Análisis

Política tributaria integral de Nación, Provincias y Municipios ante los efectos del «coronavirus»

Por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF)

El impacto del coronavirus va a ser relevante, golpeando significativamente al nivel de actividad
del sector privado y consecuentemente a los ingresos fiscales de los tres niveles de gobierno
argentinos. Y, obviamente, habrá que aumentar de manera paralela el gasto público de salud,
de asistencia a la población más necesitada y de apoyo al sector privado. Las cuentas públicas
venían con déficit y este shock las empeorará de manera importante, siendo la vía casi exclusiva
de financiamiento la emisión de pesos, más allá de los esfuerzos de reasignación del gasto que
se puedan realizar.
Los aumentos del déficit y de la emisión de pesos hoy no constituyen el problema relevante.
Se debe actuar con todas las medidas necesarias para evitar la suba de la tasa de crecimiento de
los contagios. Lo que sí es clave, es que, garantizando un proceso ordenado y transparente del
uso de la emisión de pesos, los tres niveles de gobierno lleven a cabo las acciones más eficaces
y eficientes en la lucha contra el coronavirus y la caída de actividad económica que se va a
generar.

«La pandemia generará efectos importantes en la economía argentina. Esta propuesta pretende facilitar la transparencia y el orden de la acción en materia tributaria. Para nada implica desconocer la necesidad de afianzar la eliminación de gastos superfluos y de toda
ineficiencia existente en los gobiernos. Si no se avanza con un esquema ordenado, es factible que se produzcan desvíos, ineficiencias e inequidades entre todos los actores involucrados»


Evidentemente, los efectos dependerán del tiempo que deba prolongarse la paralización de
actividades. Mientras más se extienda, más significativo va a ser el impacto sobre la actividad
privada y más probable la interrupción de la cadena de pagos. Se va a acrecentar la
imposibilidad, al menos parcial, de cumplimentar el pago de las remuneraciones del personal
por parte de una amplia cantidad de sectores de la economía.
La caída de ingresos es incierta y hoy no resulta posible proyectar un número serio. Pero sí se
pueden identificar las vías a través de las cuales va a ocurrir:

  • Caída de la base imponible de impuestos como el impuesto al valor agregado (IVA),
    Impuesto a los ingresos brutos (IIBB) y Tasa de seguridad e higiene municipal (TISH),
    entre otros. Las menores ventas y producción incidirán en la base imponible.
  • Caída del pago de impuestos devengados y de aportes y contribuciones. Un claro
    ejemplo sería el menor pago de aportes y contribuciones por parte de empresas que no
    tengan liquidez propia para hacerlo. Para mitigar esta caída será clave que la masa de
    dinero puesta a disposición de las empresas vía préstamos sea efectiva y oportuna.

Diferimiento del pago de impuestos con el objeto de facilitar la liquidez de empresas
para que puedan afrontar el pago de sueldos y de familias para que afronten gastos
imprescindibles.

  • Disminución de impuestos y de aportes y contribuciones. Los tres niveles de gobierno
    van a tener que brindar exenciones transitorias a los sectores más afectados,
    adicionalmente a la posposición del pago de impuestos.

Se cree que la acción coordinada de los tres niveles de gobierno facilitaría la acción del sector
privado, ya que establecería las reglas de juego de una manera homogénea en todo el país,
pudiéndose considerar las particularidades regionales y sectoriales. Esto evitaría la presentación
de pedidos desmedidos y el desorden en la acción de los fiscos. Y facilitaría la dinámica de la
aplicación de medidas, en función de la evolución del contagio del virus en nuestro país.
Desde el punto de vista de las provincias y los municipios, se cree que también es positiva la
acción coordinada. En este momento de gran incertidumbre, a una provincia o a un municipio
en particular le va a resultar difícil tomar una decisión de exención tributaria o de posposición
del pago de impuestos, ya que no puede establecer con claridad la dinámica del financiamiento
en los próximos meses. Y va a recurrir al gobierno nacional en búsqueda de asistencia de
segundo orden, generándose seguramente pedidos excesivos de asistencia, es decir de emisión
de pesos para su jurisdicción.
Para avanzar en un esquema ordenado, puede tomarse como referencia a una recaudación
mensual de los principales impuestos nacionales, provinciales y municipales del país. La pérdida
de ingresos derivada de las acciones tributarias de los tres niveles de gobierno y de la caída de
recaudación por la merma de actividad puede establecerse tomando como parámetro a una
recaudación mensual. En efecto, si ambas situaciones llevaran, al menos en una primera etapa,
a una pérdida de un mes de ingresos de aportes y contribuciones a la Seguridad Social, de
Impuesto al valor agregado (IVA), de Ganancias, de Combustibles, de otros coparticipados, de
impuesto provincial a los Ingresos Brutos (IIBB) y de Tasa de seguridad e higiene municipal
(TISH), los montos en juego serían de $330.000 millones (1% del PIB) para las arcas de nación y
de $280.000 millones (0,9% del PIB) para las arcas de las provincias y sus municipios, en base al
esquema de coparticipación vigente y a las recaudaciones propias de las provincias y de los
municipios. Es decir, que, en conjunto, un mes de recaudación de los principales impuestos y de
los aportes y contribuciones equivale a 1,9% del PIB.

Una vez definidos los costos de las medidas coordinadas, se puede ordenar la emisión de pesos.
Cada provincia debería recibir el equivalente a su participación en la masa coparticipable más su recaudación de IIBB. Cada municipio, por carácter transitivo, debería recibir el equivalente a
su participación en la masa coparticipable provincial más su recaudación de TISH.
Dado que parte de las medidas serán posposición de pagos de impuestos, habría que establecer
un plazo determinado y cumplido el mismo, la Nación retenerle de la coparticipación a las
provincias el monto de dinero enviado por motivo posposición (sería un préstamo) y las
Provincias hacer lo mismo con sus municipios. A su vez, la Nación debería cancelar los préstamos
al BCRA, reduciendo la cantidad de base monetaria creada durante el proceso.
En el escenario posible de prolongación por más tiempo de la parálisis del aparato productivo,
los efectos sobre la rentabilidad y liquidez de un amplio abanico de actividades del sector
privado de la economía (empleados del sector privado, pequeños comerciantes,
cuentapropistas, profesionales independientes, etc.) pasarán al centro de la escena, dado que
seguramente se traducirán en la interrupción de la cadena de pagos y la pérdida tanto de
empresas como de empleos. En esta alternativa, el acompañamiento del Estado al sector
privado deberá ser mucho más activa, no pudiendo limitarse solamente al diferimiento o
condonación de impuestos, sino que deberá comprender medidas directas de apoyo parcial para
el pago de remuneraciones a los empleados y sostenimiento de ingresos a los cuentapropistas.
Evidentemente, la magnitud de recursos necesarios para el logro de este objetivo debería
implicar necesariamente la reasignación de recursos del sector público, incluyendo, en el
contexto de solidaridad que la crisis impone, la posibilidad de diferir pagos a receptores que
pueden sostenerlo.